Bajo las condiciones de la profunda crisis económica y con la violenta agudización de la crisis del capitalismo, el Gobierno actual representa el avance más decisivo de la burguesía y del Imperialismo en Argentina desde los años 90, con el objetivo que la crisis recaiga en el pueblo trabajador y se profundice el saqueo de nuestras riquezas que desde hace más de cuatro décadas no dejado de cesar.
La clase dominante necesita imponer una nueva reforma estructural del Estado en Argentina junto con la implementación de medidas reaccionarias que reprimen las limitadas “libertades democráticas” que venía gozando la clase trabajadora y el agravamiento de medidas de represión contra toda resistencia al modelo.
La desregulación de la economía operada provocó inmediatamente una mayor escalada de aumentos de precios en el transporte, servicios, alquileres, medicamentos, alimentos y salud privada y una gran cantidad de despidos que comenzaron a sucederse en las áreas del Estado vinculadas a las medidas adoptadas, dejando claro que quien pagará los platos rotos de la crisis seguirá siendo la clase trabajadora.
Gran parte de la legislación que ha impulsado el Gobierno, a través del DNU y del proyecto de ley llamado ómnibus, significa legitimar el retroceso de derechos que ya venía imponiendo la burguesía en estas últimas décadas con la complicidad de los distintos Gobiernos anteriores que se sucedieron y de una justicia al servicio de sus intereses.
Como lo planteamos en el editorial anterior, la catarata de Amparos Judiciales, cómo única herramienta de lucha contra el DNU significó conducir el conflicto por “la vereda” de la legalidad, donde el sistema sabe que siempre tendrá la última palabra. Es justamente lo que ellos querían y lo que concertaron con gran parte de las dirigencias políticas y sindicales. Esto es: mantenerse dentro de esas veredas de la estrecha democracia burguesa.
Tras el tibio Paro del 24 de Enero al que se vio obligado a convocar la CGT, de acatamiento dispar y una movilización nutrida donde convergieron además de las columnas sindicales, trabajadores y trabajadoras por fuera de los aparatos, jubilados, movimientos sociales, asambleas barriales, partidos de izquierda y militantes kirchneristas (muchos de ellos promovidos desde sus intendencias en el conurbano y empujados por sus aparatos), el Congreso comenzó el tratamiento de la Ley Ómnibus en Diputados, aprobándose la ley en general, sin conocerse aún con certeza que quedó finalmente plasmado luego de la puja de intereses que se debatían desde los distintos sectores de la burguesía.
El show montado por Patricia Bullrich con miles de efectivos en la calle y su protocolo, disciplinando a los y las manifestantes al cordón de la vereda, así como la represión desatada en estos días en el Congreso, con algunas detenciones y heridas de bala de goma, ha inaugurado la nueva era para dejar claro que es lo que vendrá si efectivamente se decide enfrentar a este modelo, del mismo modo que acusa de terroristas y encarcela a mapuches, dos de los cuales se encuentran en prisión a pesar de estar acusados de delitos excarcelables.
El hecho de podar más de la mitad de los artículos de la Ley Ómnibus en el Congreso no deja de mostrar una burguesía que no la tendrá tan fácil como pensaba para gobernar, pero ello no significa de ningún modo el triunfo de la lucha de la clase trabajadora que anuncia la caída del gobierno.
Inevitablemente las medidas de gobierno adoptadas y por venir traerán el crecimiento de la lucha de masas que serán quienes sufran sus consecuencias. Para nuestro Partido eso exige la organización necesaria para ganar la fuerza suficiente para enfrentarlo.
Es lo que vemos que falta: más organización, más conciencia en nuestro Pueblo sufrido, más inserción de nuestras organizaciones en la gente, en los que sufren día a día.
Eso falta y esas limitaciones se vieron en las concentraciones.
La Burguesía también lo sabe, por eso prepara por un lado el aparato represivo, pero también el recambio de su dirigencia de ser necesario, construyendo nuevos liderazgos dentro de la oposición que ha sido cómplice y que tiene gran responsabilidad de los momentos que vivimos.
Es necesario entonces organizarse. ¿Organizarse para qué?: para transformar radicalmente el sistema político, social y económico que vivimos, no para más de lo mismo. Insertarse en las luchas cotidianas de nuestro pueblo y sus verdaderas necesidades, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros territorios para despertar la fuerza invencible que radica en todo pueblo cuando decide torcer el rumbo de su destino.
Secretariado del Comité Central
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